La militarización del control aéreo y la ulterior declaración del estado de alarma han conseguido restablecer la normalidad en nuestros cielos aunque no resolver el conflicto abierto por los controladores, que al parecer no acaban de entender que la sociedad civil, y los poderes del Estado en su nombre, no están dispuestos a tolerar ni su injustificada situación de privilegio ni su irritante sentido de la superioridad, que les lleva a comportarse, después del justificadísimo varapalo institucional que han recibido, como víctimas de una imaginaria arbitrariedad. De momento, se han abierto 442 expedientes sancionadores en vía administrativa a los controladores que abandonaron el viernes su puesto de trabajo -una quinta parte del total- y es probable también que la fiscalía se querelle penalmente contra un número indeterminado de ellos. Además, el colectivo deberá afrontar numerosas demandas por daños y perjuicios. En definitiva, estos profesionales, que han cometido el error garrafal de enfrentarse frontalmente al Estado, habrán de pagar un precio muy alto por su tozuda osadía. Y sería ingenuo imaginar que, tras este correctivo, la aviación civil dejará definitivamente atrás el crónico problema del control aéreo, que incluso puede agravarse a corto plazo si, como parece probable, los expedientes concluyen con la separación del servicio de buena parte de quienes declararon la traumática huelga salvaje. De momento, el ministro Blanco ya ha declarado que no habrá negociación alguna en tanto no haya concluido el estado de alarma. Así las cosas, y cuando Rubalcaba ha reiterado varias veces que no volveremos a tener ese problema, todo indica que se avecina un cambio radical en el control aéreo que podría consistir en vincularlo a la gestión de cada aeropuerto una vez que esta sea transferida a manos privadas en régimen de concesión. Cada concesionario se procuraría sus propios controladores, y AENA, también privatizada parcialmente, conservaría apenas a un sector de la plantilla actual para proporcionar los servicios centrales de control aéreo. La reforma urge porque en tanto no tenga lugar, seguiremos a merced de unos profesionales que, con sus declaraciones, han puesto en duda incluso su equilibrio psicológico personal. ¿No seria preferible darlos de baja y utilizar personal militar para un servicio que sin duda es de Seguridad Nacional?
