Hay países en los que se han abordado las políticas públicas desde la justicia social, mientras que, por el contrario, en otros se han desplegado políticas que han dado resultados muy distintos. Eso es lo que mide el llamado Índice de Justicia Social, un análisis cualitativo -y no solo cuantitativo- que analiza el comportamiento de las políticas públicas en 41 países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El resultado es algo más que mediocre para España.
España, en concreto, según ese índice, se sitúa en el puesto número 33 en cuanto a política económica destinada a garantizar la justicia social. Se ubica en el puesto 30 en cuanto a la calidad de su democracia y asciende al 19 en relación a la capacidad del Gobierno para enfrentarse a la crisis económica. Respecto de sus políticas sociales, baja hasta el puesto 26. O el 29 en relación a las políticas medioambientales. Globalmente, se sitúa en el puesto 30.
Como suele ser tradición en estas clasificaciones, los países nórdicos (Suecia, Noruega y Dinamarca) copan las primeras posiciones, mientras que el último país es Grecia. España alcanza una nota media de 5,27 puntos, frente a los 7,83 puntos que logra el país mejor valorado, Suecia. El informe ha sido coordinado por el profesor César Colino, y en él han participado como relatores los investigadores Ignacio Molina y Oriol Homs.
Su análisis respecto de la política económica parte de una realidad. España, a pesar de los signos de recuperación tras una recesión brutal, recibe baja puntuación (ha mejorado 0,3 puntos respecto a 2014) por sus profundas debilidades macroeconómicas, lo que explica la doble recesión. Como consecuencia de ello, el gasto público se ha reducido y se han puesto en marcha algunas reformas económicas que han impulsado el crecimiento.
Mercado laboral y deuda pública
Aun así, y pese a que el desempleo está disminuyendo, continúa siendo extraordinariamente elevado. Por un lado, por las rigideces del mercado de trabajo, pero también por la existencia de enormes bolsas de economía sumergida. A pesar de los recortes del gasto, los déficits siguen siendo importantes y la deuda pública es alta y creciente. La crisis, igualmente, ha hecho disminuir los recursos destinados a la financiación de I+D+i, históricamente reducida.
El estudio analiza también la calidad de la democracia, y su conclusión es que España recibe una pobre puntuación (puesto 30). Es decir, un nivel que se sitúa 0,2 puntos por debajo de los resultados del año anterior.
Entre los puntos débiles se encuentra el hecho de que los partidos políticosreciben financiación pública y privada, pero muchas donaciones no son transparentes y han dado lugar a abusos. La parte positiva es que el Gobierno ha puesto en marcha una legislación más estricta.
Los referendos, dice el informe, son posibles, pero los obstáculos para que se celebren son elevados. Destaca, en todo caso, los avances que se han producido en cuanto a transparencia con la creación de un portal en internet específico. Ahora bien, recuerda las restricciones que introduce la última ley de seguridad ciudadana. El sistema judicial, asegura, es fuerte e independiente, pero sujeto a muchas demoras. Los casos de corrupción en curso en su mayoría son anteriores a 2013 y las autoridades están fortaleciendo las instituciones anticorrupción.
Políticas sociales
En cuanto a la implantación de políticas sociales, España cae en los rangos medios-bajos (puesto 26), lo que no supone ningún avance ni ningún retroceso respecto del año 2014. El informe estima que, pese a una larga tendencia de mejoras en el acceso y la calidad de la educación, los resultados de PISA son mediocres.
Igualmente, la exclusión social es un problema creciente, con tasas de pobreza infantil particularmente elevadas. El sistema de salud, por su parte, se ha deteriorado en calidad, pero la rentabilidad ha mejorado. La política de ayuda a la familia se considera propia de un país subdesarrollado y persisten los roles tradicionales de género. En cuanto a las pensiones, el sistema es hoy más sostenible. Por último, la integración de los inmigrantes se ve facilitada por una amplia tolerancia social, y las ayudas al desarrollo se han reducido drásticamente desde el inicio de la crisis.
En relación a las políticas medioambientales, el informe parte de que España ha avanzado en algunos aspectos, pero su puntuación general cae hasta niveles medios (puesto 29). En todo caso, supone una mejora de 0,3 puntos desde 2014. El consumo de energía y las emisiones han disminuido desde el inicio de la crisis, aunque las emisiones se han mantenido por encima de los objetivos del Protocolo de Kioto.
El informe recuerda que los incentivos económicos para las energías renovables continúan congelados, mientras que todavía hay problemas con la calidad del aire y el tratamiento de las aguas residuales en las grandes ciudades. El desarrollo costero, igualmente, ha sido desregulado y se han reiniciado los proyectos de construcción potencialmente destructivos con el medio ambiente, pero la expansión de la red de parques nacionales ha mejorado la protección de la vida silvestre. España, recuerda, no ha contribuido activamente en el diseño de regímenes ambientales internacionales.
En cuanto a la gobernabilidad del país, España recibe una puntuación media (posición 19), y recuerda que el Ejecutivo se ha centrado en la gestión de la crisis. El informe recuerda la poderosa influencia de la oficina económica del presidente, y considera que la coordinación funciona mejor entre los altos niveles que en los de ámbito inferior. Aun así, recuerda que la concertación social ha disminuido en los últimos años.
Por último, hace mención a que los recortes de gasto público también han afectado a los gobiernos regionales, pero la puesta en macha de fondos de liquidez por parte del Gobierno central ha ayudado a solventar la financiación en los momentos más acuciantes.
Fuente: el confidencial