A lo largo de estos días se han sucedido las reuniones entre los dos partidos mayoritarios y, aunque ha habido acercamientos, tras el tercer encuentro entre Gobierno y PSOE para intentar buscar soluciones, los socialistas han dejado pendiente si se suman a un acuerdo total.

No obstante, el PP ha aprobado el Decreto Ley con el que se pretende evitar que la sangría de desahucios se siga produciendo como hasta ahora, ante la absoluta ineficacia que ha tenido el Código de Buenas Prácticas que aprobó el Gobierno en febrero de este año.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es «evitar que nadie se tenga que ir de su casa», no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por ciento, ya que la mayoría de los deudores paga «puntualmente» sus hipotecas.

El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto «no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria». En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que pertenecen a colectivos que, «en situación de buena fe, pero por razones sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio».

Pero dejó claro que el principio general es que «las deudas y los intereses hay que devolverlos». Por lo tanto, dijo «no hay ninguna afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria» y añadió que el problema «está acotado» porque se atiende a «un colectivo muy específico, sin impacto adicional en una situación de mora hipotecaria que en España es muy baja y va a seguir siendo muy baja».

El Decreto Ley contempla una serie de medidas, entre las que se determina quién se puede beneficiar del mismo.

-Familias con una renta menor a 19.200 euros anuales.
El Gobierno fija el umbral de renta para acogerse a estas medidas en 3 veces el IPREM, que son 19.200 euros contabilizado con doce pagas, es decir, 1.597 euros al mes.

También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una «alteración significativa de circunstancias económicas», es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años –es decir, que si suponía un 40 por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento–; que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

-Parque de viviendas sociales.
El Gobierno ha aprobado también la creación un parque de viviendas sociales con un alquiler barato para personas desahuciadas. Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que «tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB». «Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad», apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay que corregirlas.

Estas viviendas, añadió, están en posesión de los bancos en este momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.

-Papel de los avalistas de un préstamo hipotecario.
Las nuevas medidas tienen la intención de definir mejor el papel de los avalistas o fiadores. Hasta ahora, en caso de ejecución hipotecaria, la entidad bancaria podía reclamar los bienes embargables tanto del deudor como del os avalistas. Las nuevas medidas tiene el objetivo de que la responsabilidad de avalistas y fiadores sea secundaria.

-Responsabilidad de las tasadoras
El decreto que ha aprobado el Gobierno establece una serie de requisitos mucho más duros a las sociedades de tasación a la hora de llevar a cabo las valoraciones de los inmuebles. De este modo, se les impondrán nuevas exigencias de capital y un régimen de supervisión mucho más estricto. El objetivo de esta medida no es otro que asegurar que todas la valoraciones que se realizan sean absolutamente independientes y no tengan ningún tipo de condicionalidad. Desde que la explotó la burbuja inmobiliaria, han sido muchos los que han señalado a las tasadoras como unas de las culpables de la misma, acusándolas de realizar tasaciones mucho más elevadas de lo que realmente valían los pisos.

-Colectivos preferentes y prórroga.
Se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de: familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por: dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

-Valor del inmueble
Según consta en el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras que aprobó el Gobierno a principios de año, las familias con todos sus miembros en paro y cuya vivienda no tiene un valor superio a los 200.000 euros, pueden evitar el desahucio. Vistas las poquísimas que cumplían los requisitos del Código, las nuevas medidas pretenden aumentar progresivamente ese límite para casos concretos.

-Dación en pago
Al ser preguntado si se va a incluir, en la segunda fase, la dación en pago de la vivienda para saldar la hipoteca, De Guindos precisó que el Código de Buenas Prácticas ya la incluye, pero cree que se trata de una solución de «última instancia» y que es mejor primero aplicar una «reestructuración de la deuda» o una «quita».

Además, dijo que es posible hacer contratos de hipoteca con esta opción, pero advirtió de que son más caros. En su opinión, en los cambios legislativos se trata de «actuar con equilibrio, justicia, sensibilidad social e inteligencia» y advirtió de que si se protege en exceso al deudor, los bancos son más reacios a la concesión de préstamos.

-Ley Hipotecaria
De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. «No voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una tramitación de una Ley», dijo en referencia a que el Real Decreto se tramitará como proyecto de Ley.

Retroactividad y alquiler

Por otra parte, durante la rueda de prensa dada por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, éste señaló que las medidas para frenar los desahucios no afectarán al alquiler ni se aplicarán con carácter retroactivo.

Según Jiménez Latorre, las medidas no tendrá carácter retroactivo porque esta aplicación plantea una serie de problemas jurídicos que han llevado a descartar la opción.

Consultar a Europa

Además, desde Bruselas se ha recalcado que el Gobierno está obligado a «consultar» a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo (BCE) antes de aprobar ningún cambio legislativo para paliar los desahucios. El Ejecutivo comunitario avisa de que, para ser aceptada por la UE, la reforma no debe suponer un coste extra al contribuyente europeo ni afectar al saneamiento de la banca o de lo contrario tendrá que compensarse con otros mecanismos. Además, debe respetar las normas de la UE sobre competencia.

La consulta con Bruselas de cualquier reforma normativa que afecte al sector financiero es una de las condiciones para el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros aprobado por la UE y así se recoge en el memorándum de entendimiento firmado por España.

Las autoridades españolas «se comprometen a consultar ante con la Comisión Europea y el BCE sobre la adopción de toda política relativa al sector financiero que, no estando incluida en este memorándum, pueda incidir sensiblemente en la consecución de los objetivos del programa», dice el memorándum. «Se solicitará igualmente el dictamen técnico del Fondo Monetario Internacional», agrega.

El Ejecutivo comunitario estima que los cambios en la ley hipotecaria que estudia el Gobierno afectan al sector financiero y por tanto están cubiertos por esta obligación de consulta previa.