Los Presupuestos infravaloran los gastos en partidas como las pensiones y el desempleo

España tiene una hoja de ruta muy definida. Ese es el mensaje que el Gobierno se ha esforzado en enviar esta semana a la opinión pública en plena escalada de acoso al país en los mercados. El problema son los borrones que Mariano Rajoy tenga que ir haciendo sobre la marcha. Porque Madrid se ha comprometido a una meta complicada: reducir cinco puntos de déficit —del 8,5% al 3— en solo dos años, más de lo que se les pide a países rescatados como Grecia, Irlanda o Portugal. Y porque para este 2012, Rajoy ha garantizado que reducirá los tres primeros puntos (y situará el desfase en el 5,3%) sin tocar tres grandes partidas como el sueldo de los funcionarios, las pensiones y las prestaciones por desempleo (cuatro de cada 10 euros de gasto no financiero).

“Es muy difícil que con estos presupuestos se reduzca el déficit en 3,2 puntos del PIB como se ha comprometido en Bruselas. De hecho, la caída del gasto no financiero solo baja un 1,1% con respecto al presupuesto ejecutado en 2011”, explica José Ignacio Conde-Ruiz, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), “Para cumplir tendríamos que hacer el mayor ajuste de nuestra historia y esto solo se puede hacer tocando las grandes partidas del gasto como son sueldos, salarios, pensiones y prestaciones, todas ellas suman más del 22% del PIB. Otra cosa es que esto sea lo que mejor convenga a España en este momento de fuerte recesión”.

La recesión de la que habla Conde-Ruiz es un contracción de la actividad económica del 1,7% este año, según los cálculos del Gobierno, y que elevará el número de parados a una cifra próxima a los seis millones. Al mercado le chirrían los Presupuestos españoles de 2012. A muchos economistas también: opinan que infravaloran el gasto social y son optimistas con los ingresos. Bruselas guarda su análisis definitivo para cuando conozca lo que ocurre con las comunidades, punto de duda en estas cuentas, que dejan casi la mitad del ajuste en manos unas regiones que tendrán que reelaborar sus presupuestos.

“La reducción del déficit tiene que ser más gradual, porque la medida de austeridad sin más no ayuda a reducirlo… aunque todo esto lo puedo decir porque ya no soy conseller, si aún lo fuera, debería limitarme a cumplir”, apunta el catedrático Antoni Castells, consejero de Economía de los últimos Gobierno tripartitos en Cataluña, y añade: “Con esta recesión es un error político europeo forzar este ritmo de ajuste, pero España no puede salir a decirlo porque el alumno que suspende no tiene credibilidad para pedir que se revise el examen, deben hacerlo los otros, España debe cumplir”.

Y España se ha comprometido. “Para el caso español, las distintas estimaciones disponibles apuntan que un 1% menos de PIB provoca una caída de los ingresos próxima al 0,4% y un ligero incremento del gasto. Entre la caída de ingresos y el incremento de gastos, una caída del PIB del 1% genera un incremento del déficit de alrededor del 0,5% del PIB”, advierte Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. A tenor de estos datos “las previsiones de ingresos de los Presupuestos son optimistas” y “a ello se le suma la incertidumbre sobre los efectos de la amnistía fiscal: los estudios disponibles sobre amnistías anteriores en España invitan a ser muy prudentes sobre su eficacia”.

A esa tesis se apunta Miguel Ángel García, director del Gabinete Económico de CC OO: “Los presupuestos se apoyan en una evolución muy optimista de los ingresos. En los impuestos directos e indirectos se infravalora el impacto de la recesión”.

Si las cuentas no cuadran a lo largo del año, se revisan las medidas, y esto, en este 2012 europeo, se traduce en más recortes. Apenas una semana después de aprobar los Presupuestos Generales, el Gobierno anunció reformas y ajustes sin concretar en sanidad y educación con un ahorro previsto de 10.000 millones para este año. “Pero eso redunda en la parte del ajuste fiscal se las comunidades”, advierte Lago.

Para Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, “hay una sobrestimación de ingresos en todos los ámbitos”.

A esto se añaden las desviaciones habituales. Desde la Universidad de Duke, en Estados Unidos, Juan Rubio-Ramírez, alerta de que los gastos corrientes en bienes y servicios suelen presupuestarse a la baja. “En los últimos años se han gastado de un 25% a un 30% más de los presupuestado cada ejercicio”, apunta. Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), apunta que los ingresos “no son clamorosamente optimistas”, aunque echa en falta concreción en algunos capítulos, pero destaca que los ingresos son menores sin las subidas fiscales. Por ejemplo, el aumento de ingresos del IRPF (3.303 millones) es inferior al impacto que se calcula de la subida, 4.100. La cuestión es si esa bajada de menos de 1.000 millones sin el efecto del gravamen se cumplirá en este contexto.

El Ministerio de Hacienda se defiende y ve la estimación “prudente y razonable”. Los ingresos del Estado ascienden a 119.223 millones, un 14,28% más, que incluyen 12.200 millones de la subida fiscal, además de ingresos no financieros, que no se adaptan a la evolución económica. “Descontando este doble efecto, los ingresos del estado caerían respecto de los de 2011, caída acorde con el descenso de la actividad económica prevista del -0,7% en términos nominales”, recalcan en la secretaría de Estado de Presupuestos.

Los inversores, de momento, han dado un revolcón a la Bolsa y la deuda pública española. Por ejemplo, uno de los faros más habituales del mercado, Goldman Sachs pronosticaba un día después de que se presentaran las cuentas que el déficit acabará en el 6,7%, 1,4 puntos por encima de lo comprometido. Al mayor banco de inversión del mundo las primeras cuentas de Rajoy en La Moncloa tampoco le cuadran.

Pensiones, el talón de Aquiles

Los números de la Seguridad Social han levantado suspicacias desde que el Gobierno anunció que en 2012 el instituto público tendría tantos ingresos como gastos. En la mente de los ciudadanos la Seguridad Social es sinónimo de pensiones. Pero cuando se habla de contabilidad nacional se convierte en un paraguas bajo el que se agrupa el sistema de pensiones, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial. En 2011 este trío cerró con un déficit mínimo del 0,09%. La situación en 2012 va a empeorar y, en cambio, el Ejecutivo ha mantenido su previsión. “Imposible”. Es la conclusión a la que han llegado la mayoría de los consultados para este reportaje. “Difícil”, concluyen los menos.

Aunque también hay quien se apunta al matiz del Derecho Administrativo, siempre puede haber algún crédito extraordinario del Gobierno que compense parte una desviación que según las fuentes oscila entre un punto y medio del PIB, de 10.000 a 5.000 millones. Pero los números rojos no implican que vayan a dejar de pagarse pensiones. La Seguridad Social tiene ahorros con los que enfrentarse a las épocas duras: hay recursos en la Tesorería; está el Fondo de Prevención de Mutuas, unos 6.000 millones que, según adelantó el diario Abc, son el recurso con el que el secretario de Estado, Tomás Burgos, piensa compensar el déficit de este año; y por último los más de 66.000 millones del Fondo de Reserva.

La mayor duda de las cuentas de la Seguridad Social reside en las pensiones. De los poco más de 115.000 millones que se destinarán a pagar pensiones, los 101.953 calculados para las contributivas se antojan insuficientes. “Está infravalorado”, valora Miguel Ángel García, de CC OO. Se basa en que la Seguridad Social estima que esta partida subirá un 2,9% más que lo presupuestado el año pasado y un 2,3% sobre el gasto final. Según sus previsiones, la variación podría situarse en torno a 4,5%, en línea con la evolución de los dos primeros meses del año, y pensando que la inflación podría situarse en el 1,5% al final de año.

Los números del sindicalista se acercan más —aunque se quedan cortos— a los de un informe interno de la Seguridad Social elaborado para el nonato proyecto de presupuesto del Gobierno de Zapatero lo sitúa en unos 4.400 millones (104.861 en total) con una inflación del 2%. Esta es una de las partidas más predecibles en unos presupuestos y también una de las más difíciles de recortar sin recortar pensiones. Y eso es algo que Mariano Rajoy, que en la oposición atacó con gran dureza Zapatero por congelarlas, no se puede permitir sin sufrir una grandísima erosión política.

Para saber cuánto va a subir el gasto en pensiones de un año a otro hay que meter en la calculadora tres variables: la actualización de acuerdo con la evolución de los precios, el incremento de la pensión media y el número de pensionistas. La Seguridad Social ha hecho un cálculo muy bajo al pronosticar un aumento del 2,9%. Solo el aumento de pensiones del 1% que el Gobierno decretó en su primer Consejo de Ministros ya se ha comido un punto de ese porcentaje. Y si los precios a final de año suben un 1,9%, como pronostican la mayoría de servicios de estudios, el margen se estrecha en nueve décimas más. Así que apenas resta un punto porcentual para que las otras dos variables no desborden la previsión gubernamental. Casi nada si se tiene en cuenta que solo el incremento de jubilados en 2010 fue del 1,5% y en 2011, del 1,4%.

Hacienda explica que para este año esperan que este crecimiento vegetativo se frene al 1%, pero el informe elaborado en verano por el instituto público situaba el alza en el 1,6%. Hacienda nada dice del aumento de la paga media, que el documento estival sitúa en el 1,7% ni de la posible desviación final de la inflación.

Hay más incertidumbre. Por ejemplo, hay que saber qué impacto tendrá sobre las bajas y lo destinado a pagarlas (5.799 millones) los cambios de la reforma laboral, que permiten despedir con más facilidad si hay acumulación de bajas. El antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, cree que este cálculo es muy bajo. En los últimos años, esta partida se ha reducido a marchas forzadas. En 2011, el desembolso por incapacidad temporal cayó un 9,3%, pero Granado duda de que se pueda mantener este ritmo mucho tiempo. Sí que lo cree Conde-Ruiz, de Fedea, entidad patrocinada por las grandes empresas cotizadas, porque la destrucción de empleo favorece esta previsión.

Conde-Ruiz, en cambio, sí que ve una previsión de gasto en pensiones muy baja. Aunque piensa que el discurso oficial puede encontrar argumentos en la mala situación del mercado laboral y los mercados: “La jubilación anticipada de forma voluntaria caerá. Está demostrado que cuando la Bolsa o la rentabilidad de los planes de pensiones caen, los trabajadores posponen su jubilación. Además, si un padre tiene a sus hijos en paro, es probable que aplace sus planes de jubilación”.

Por el otro lado de la moneda, los ingresos, también las cuentas del sistema de pensiones presentan alguna laguna. La agudización de la crisis y la vuelta de la recesión hundieron las cotizaciones en la segunda mitad de 2011 y el sistema de pensiones acabó con un déficit de unos 2.500 millones. La perspectiva no ha mejorado para 2012, sino que el cuadro macroeconómico prevé un hundimiento del empleo del 3,7%.

El Gobierno toma el mismo porcentaje para calcular la bajada de ingresos por cuotas, un 3,7%, aunque podría haberlo reducido si hubiera descontado lo que pronostica que va a aumentar la remuneración por asalariado (0,25). En cambio, el punto de partida no es lo recaudado en 2011 (105.354 millones) sino lo presupuestado (110.447 millones). De esta forma, se explica que el Gobierno prevea que en 2012 va a cobrar más dinero por cuotas (106.322) que el pasado ejercicio pese a que vaya a haber 630.000 empleos menos. Si hubiera partido de la ejecución presupuestaria, el resultado hubiera sido 101.455 millones.

La secretaría de Estado de Presupuestos aduce que si estima un aumento de ingresos de 850 millones es porque prevén una caída de 1.900 millones por el menor número de cotizantes, que se compensará con 949 millones por el aumento de las bases de cotización y 1.801 de la campaña de control de fraude.

“Este presupuesto se ha hecho como si estuviéramos en septiembre [cuando se suelen elaborar] y no en marzo, que ya hay una ejecución presupuestaria. Y es que en 2010, ya nos equivocamos”, ataca Granado.

Analizadas las grandes partidas en pensiones por el lado de los gastos (contributivas) y de los ingresos (cotizaciones), el desvío final podría situarse en unos 6.800 millones (casi un 0,7% del PIB), aunque esta cifra, si la inflación quedara en el 1,5% y se aplica el aumento salarial previsto por el Gobierno podría quedar en unos 5.500 millones.

La otra amenaza del paro

El gran otro pilar de las cuentas de la Seguridad Social en la contabilidad nacional es la protección frente al paro. En 2010 se tocó techo en esta partida, 32.200 millones, y el año pasado cayó hasta los 29.578. El Gobierno prevé que esta tendencia se mantenga este año al esperar un gasto de 28.503 millones en pagar prestaciones y subsidios por desempleo.

“La minoración responde a la disminución del gasto en desempleo que ya se inició en 2011 y es coherente con ella”, explican en Hacienda, donde aclaran que la rebaja no responden no viene de recortes en las prestaciones individuales concedidas o acumuladas.

A pesar del argumento del Gobierno, los datos de los Servicios Públicos de Empleo muestran que desde abril de 2011 la caída del gasto en prestaciones se iba frenando. En enero volvió a repuntar (0,5%) respecto al mismo mes del año anterior y en febrero, un 3,4%. Por si esto fuera poco, el mejor indicador adelantado de cómo puede evolucionar este gasto, las solicitudes de prestaciones contributivas, no ofrece señales alentadoras: en febrero de 2012 hubo un 18% más.

Con estas cifras, García, de CC OO, cree que se mantendrá el gasto de 2011. Opina que la tendencia de gasto de los primeros meses del año se atenuará porque, según sus cálculos, se agotarán un número muy significativo de prestaciones contributivas. Aunque hay vaticinios más pesimistas, como el de Ángel Laborda, director del panel de Coyuntura de Funcas, que cifra la desviación en unos 3.000 millones.

Amnistía o brindis al sol

Lo llaman “proceso de regularización extraordinaria” y es una amnistía fiscal. El Gobierno ofrece a los evasores fiscales blanquear el dinero —bienes o derechos— de forma confidencial a cambio de pagar un gravamen del 10% (el tipo máximo del IRPF llega al 52%), con lo que espera que afloren 25.000 millones y, por tanto, se recauden 2.500 millones. ¿Cuál es el criterio para estimar esa cifra? No se explica.

“Intentar captar activos opacos es muy difícil y quienes han optado por esta experiencia han tenido poco éxito”, apunta el catedrático Juan José Rubio. Otros expertos coinciden en el impacto limitado de estos procesos: la mayor parte de países ingresa menos de lo esperado. Un ejemplo es Alemania en 2003. Trató de repatriar 100.000 millones, pero finalmente quedaron en 20.000 y les aplicó un recargo muy superior al español: 25%. El caso más reciente es el de Italia en 2010: con multas del 5% al 7%, permitió aflorar 104.500 millones evadidos (y recaudar más de 5.000 millones).

El Gobierno español decidió introducirlo en los presupuestos en el último momento. La medida se completa con otra ventana para que las empresas repatrien sus fondos de paraísos fiscales tributando al 8%, con lo que espera recaudar 750 millones.

“Así como el resto de apartados están muy explicados, aquí es difícil saber por qué creen que se van a aflorar esos 25.000 millones, no hay forma de extrapolar los resultados de otras amnistías”, explica Luis del Amo.

Hacienda admite que es difícil sentar un criterio para la previsión en este apartado, al tratarse de economía sumergida, y remite a las últimas experiencias internacionales. El viernes hubo otro anuncio del Gobierno para seguir combatiendo déficit, un plan antifraude para recaudar más de 8.000 millones.

47.000 millones en IVA. ¿Sin subir los tipos?

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha anotado por el momento la victoria, dentro del Gobierno, al no haber subido el IVA. Pero las previsiones del Ejecutivo sobre los que piensa recaudar por este impuesto este año (47.691 millones de euros, un 3,3% menos que lo recaudado en el ejercicio anterior) parecen difíciles de sostener con la economía de nuevo en barrena.

En 2011, los ingresos por IVA apenas mejoraron un 0,4%, pero gracias al aumento de los tipos del ejercicio anterior —en julio de 2010 el general aumentó del 16% al 18%— y con un crecimiento económico —magro, pero crecimiento— del 0,7% en el año. Este año, en cambio, no cuenta con la repercusión de la subida de tipos y se estima una bajada del PIB del 1,7%. La caída del consumo final nacional se agudiza: hay que comparar el retroceso del 0,7% del año pasado con el del 3,1% previsto para este. Y con todo este cambio de panorama la caída de ingresos por IVA que ha calculado Rajoy son esos 2.300 millones menos. ¿Cuadrará? “Con el empeoramiento del mercado de trabajo, la reducción del consumo y de la compra de vivienda esa de reducción de IVA tan mínima prevista no tiene sentido”, apunta Rubio.

¿Dará para tanto la subida en Sociedades?

El Gobierno espera embolsar 19.564 millones por el impuesto de sociedades. Son 2.953 más que el año pasado, un aumento del 17,8%. ¿De dónde salen? La reforma de este impuesto —limita las deducciones de gastos financieros, elimina la libertad de amortización— supone una inyección de 5.350 millones, explican los presupuestos. Los ingresos por sociedades, sin esta subida, quedarían en 14.214, 2.3397 millones menos que en 2011. Para Del Amo, esta expectativa de recaudación sí es realista porque prevé esta reducción excluyendo el efecto de la subida fiscal.

Pero los ingresos por Sociedades subieron en 2011 después de tres años a la baja y ese aumento, de 413 millones (un 2,5%), se debió exclusivamente a cambios normativos. “Hay una previsión de caída de real, pero el escenario es mucho peor que en 2011, dadas las circunstancias la estimación es alta”, apunta Juan José Rubio. Además, advierte de que la base imponible se va a verse muy afectada por las provisiones de la banca, que la reforma financiera sitúa en unos 50.000 millones, “que van a dejar de tributar”.

Difícil ajuste en las comunidades

Todas las miradas se vuelven hacia —más bien en contra— las comunidades autónomas. Las de Bruselas y las del mercado. Son las que más se desviaron del objetivo de déficit en 2011. Y en ellas reside una de las grandes incertidumbres de las cuentas de 2012, elaboradas además cuando la práctica totalidad de los presupuestos autonómicos ya estaban hechos y aprobados. Así que, tendrán que rehacerse.

La Comisión Europea, de hecho, pide explicaciones sobre las administraciones autonómicas antes de su análisis detallado de las cuentas. En el Consejo de Política Fiscal y financiera de mayo, por tanto, donde se reúnen los 17 gobiernos autónomos con el central, se juega buena parte del éxito de este capítulo. Y no es nada fácil un acuerdo.

Juan Rubio-Ramírez, de la Universidad de Duke, pone como ejemplo de duda uno de los datos: Las transferencias de capital del estado a las autonomías bajarán un 61%, “cuando los que han presupuestado las comunidades en sus ingresos de capital representan de media una caída de solo el 12%”. En este apartado de las cuentas autonómicas también figuran las transferencias de Bruselas, pero tienen un peso específico muy limitado.

La inversión del Estado baja un 24,9% y las transferencias para políticas concretas (empleo, sanidad o educación) se derrumban un 44,5%. Los Gobiernos autónomos no tienen fácil, al menos políticamente fácil, aplicar la tijera: seis de cada 10 euros de su gasto público se van en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Para Castells, “el discurso político de culpar a las comunidades autónomas del déficit es absolutamente desproporcionado, es un discurso erróneo e injusto en función de los gastos que les corresponden”.

Hacienda apela a que “no se puede alcanzar un objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel nacional sin tener en cuenta que más de la mitad del gasto público se gestiona por las administraciones territoriales”. Y asegura que medidas como la subida del IRPF o del IBI ayudarán ayuntamientos y comunidades. Además, la entrada en vigor de la normativa de estabilidad presupuestaria, que busca controlar la disciplina fiscal autonómica y prevé castigar a las comunidades incumplidoras.

Dudas sobre los gastos financieros

A España se le irán este año en intereses de la deuda unos 28.848 millones de euros, lo que equivale al 2,75% del PIB y un 5,3% más que el año pasado. Para José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, “es un incremento razonable, habrá pocas desviaciones porque se calcula sobre el tipo de medio de las emisiones que vencen en 2012”. Este tipo queda en el 3,47%.

La incertidumbre en este capítulo tiene que ver con la volatilidad de los mercados y la deuda a corto plazo. Cuando el Gobierno aprobó los presupuestos, la prima de riesgo española (el sobreprecio que pagan los bonos a 10 años respecto a los alemanes) estaba en 355 puntos básicos (o 3,5 puntos porcentuales), pero esta semana tocó hasta los 433, y el interés rozó el 6%. Si sube el interés en el mercado tiende a encarecerse la subasta de deuda del Tesoro, algo que se paga en ejercicios futuros cuando se trata de bonos a partir de 12 meses, pero afecta a las letras de muy corto plazo. Aun así, Marisa Mazo, de Ahorro Corporación, apunta que la subida en esas subastas no deja de ser “el chocolate del oro en el total del gasto”.

“Son unos presupuestos de guerra”. El ministro de Exteriores, García Margallo, recurrió al drama para explicar el ajuste más duro de la democracia: 27.300 millones. Más o menos bélicos, con más o menos lagunas, el problema de estas cuentas es que las de 2013 tendrán que abordar el mismo reto, o mayor, si los de 2012, al final, no cuadran.

Fuente: ElPais.com